Análisis de la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo sobre el caso EBERS

El pasado día 23 de febrero el Tribunal Supremo notificó la segunda sentencia relativa al caso Ebers, en relación con la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de la primera resolución condenatoria (484/2015 de 7 de septiembre), tras el recurso planteado por Regulación Responsable. La resolución fue esta vez absolutoria, una gran noticia sin lugar a dudas para el caso concreto, pero muy negativa para el movimiento de los Clubes Sociales de Cannabis, dado que el fondo de la misma es pobre y decepcionante.

El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado a cinco miembros de la Asociación de Usuarios de Cannabis Ebers, de Bilbao, y ha anulado la condena que el Tribunal Supremo (TS) les impuso por un delito contra la salud pública.

Cabe decir que se ha cumplido la expectativa más esperada según el criterio de distintos expertos. Tras la solicitud de volver a dar audiencia a la asociación bilbaína por parte del Tribunal Constitucional, se ha confirmado la absolución de la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero por criterios completamente dispares en el fondo y la interpretación. La interpretación de la realidad social mostrada por el Tribunal queda del todo desfasada y frena la evolución y reinterpretación hecha en una primera instancia por la Audiencia de Bizkaia. Además queda patente el flagrante pesar mostrado por el Tribunal Supremo al tener que variar su criterio.

Una vez más, el Tribunal Supremo pierde una oportunidad para hacer evolucionar la doctrina del consumo compartido con la variante del cultivo compartido y adaptarlo a la realidad social. Porque esto es posible, el Tribunal Supremo ya hizo evolucionar esta doctrina con respecto de ciertos usos de comprimidos de éxtasis en contextos de fiestas de fin de semana,  al considerar que no tendría que ser un requisito obligatorio el ser adicto y consumir a diario.

Además con la diferencia de que esta actividad social tiene una ventaja añadida, el hacer a los usuarios autosuficientes y no colaborar con redes ilícitas, como ya ocurre  ahora, cuestión que aunque no tiene trascendencia penal es a todas luces reprobable.

En los recursos presentados ya se ofrecieron numerosos motivos para haber optado por otra resolución. Motivos que el propio Tribunal Supremo puso en valor, apreciando que la presentación del incidente de nulidad quedó lejos de ser un mero trámite. El Tribunal Supremo podía haber empleado esa ocasional versatilidad y relativa elasticidad en la interpretación y, en base a la realidad social existente, haber hecho evolucionar el derecho como hizo la Audiencia Provincial de Bizkaia, pero no fue así. Sin duda estamos ante un Tribunal Supremo que no tiene en cuenta esa realidad social y que últimamente emite resoluciones propias de tiempos pasados.

Y sobre el fondo del asunto, en palabras del propio Tribunal… “…No hay nada nuevo …”

Parece que esta interpretación, es inmutable a ojos del Tribunal Supremo que da carpetazo a esta cuestión. De nuevo vuelve a lanzar la pelota al legislador, diciendo no afecta a sus competencias el interferir en este debate político. Esperamos que el legislador por fin la recoja el guante, y que la oposición al gobierno apoye las propuestas de la sociedad civil y presione para poner en marcha la Ponencia Parlamentaria en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. Algo que llevamos tiempo demandando y que ya han planteado Unidos Podemos y el PSOE con sendas PNL´s, así como C´s declaró que estaría dispuesto a abrir el debate además de haber impulsado otra PNL para la regulación  del acceso al cannabis medicinal. Por otra parte, no podemos obviar que desde catorce Comunidades Autónomas se han planteado distintas iniciativas a favor del estudio de una regulación, e incluso dos leyes -una de ellas suspendida- (ILP Catalana – La Rosa Verda) y la otra ya anulada (ILP Navarra – Tu papel importa). Ahora más que nunca necesitamos act  ivar la vía política 

 

Pero no todo son sombras en esta sentencia. El TS vuelve a acercar el foco, como ya hiciera en la sentencia 484/2015, al hecho de que el autocultivo, pese a ser ilegal administrativamente, no tiene trascendencia penal, ya que el mismo no supone alteridad, dado que sólo se favorece el consumo propio. Asimismo el TS hace referencia de nuevo al hecho de que el cannabis es un estupefaciente con ciclo anual de cosecha, dando a entender que ese aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de un proceso judicial. ¿Qué estamos esperando entonces para regularlo debidamente de una vez? ¿Los derechos y la intimidad de cuántas personas han de ser violados para perseguir conductas no penales que entran dentro del campo de su estricta libertad y autonomía personal?, ¿Cuántos millones de euros tenemos que seguir despilfarrando persiguiendo el autocultivo?, ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sobrecargando el sistema policial y judicial sin ningún sentido?. No regular debidamente el autocultivo estableciendo unos límites y normas claras a los que los autocultivadores podamos acogernos y no seguir con esta inseguridad injusta e incomprensible es una auténtica irresponsabilidad por parte de la administración.

Cultivo colectivo

El Tribunal Supremo, al cerrar la puerta del funcionamiento clásico / teórico de los CSC´s, no es que abra una ventana, pero si un ventanuco, respecto del cultivo colectivo, indicando que los supuestos donde la doctrina de la “compra compartida” puede extenderse al “cultivo compartido” habrán de ser analizados concretamente, siendo clave el no promover el consumo ajeno, sino el propio y que aunque se trate de una actividad colectiva, no pueda haber estructuras puestas al servicio del consumo de terceros.

¿Cabe recurso a Estrasburgo?

 Si esta ya es una jurisdicción complicada para que admitan un recurso, ante esta resolución  tenemos una nueva complicación, que el TC ha amparado y que el TS ha absuelto. En todo caso no es imposible aunque sí harto difícil. Actualmente estamos inmersos en un proceso de valoración y estudio con distintos juristas para valorar esta posibilidad  dado que a pesar de lo anterior, en la sentencia se sigue diciendo que se ha cometido un hecho lesivo (típico o antijurídico), cuando los imputados lo único que hacían era simplemente desarrollar su personalidad y su libertad sin dañar a nadie. Aclararemos este extremo en una intervención pública que convocaremos en próximas fechas.

Con todo esto sólo nos queda reiterar nuestro más firme convencimiento en seguir en la línea del trabajo de la incidencia política y las propuestas legislativas, como única vía para avanzar y poder implementar una regulación más justa con las usuarias y la sociedad en su conjunto.

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