LEGISLACIÓN CODIGO PENAL ACTUALIZACIÓN 11 DE ABRIL 2016

En España se perfila el cultivo de cannabis esencialmente con una actividad instrumental que sólo alcanza relevancia jurídico penal en la medida en que el proceso de su puesta en marcha persiga como finalidad la obtención de droga con ánimo de traficar, en el amplio sentido de la palabra, quedando excluidos por su irrelevancia el cultivo de la planta de la marihuana destinado al autoconsumo, o a cualquiera de las modalidades de utilización exentas de punición. El uso terapéutico está regulado mediante receta hospitalaria.

El 14 de noviembre del 2006 Izquierda Unida propuso una modificación de la “Ley Corcuera” (Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana), lo cual ha abierto una línea de diálogo a dicho tema.

En España existen los denominados Clubes sociales de cannabis, a través de los cuales los socios pueden acceder al cannabis de forma legal, y en muchos casos llegan incluso a pagar impuestos sobre la misma. Se ha impulsado como una alternativa al modelo de legalización de libre mercado, el cual se piensa que contribuiría al comercio desbocado del cannabis siguiendo los patrones de consumo de las sociedades que siguen este tipo de modelo económico. Estos clubes o asociaciones de consumidores sólo permiten la entrada a mayores de edad, que ya sean consumidores previamente, y que vengan recomendados por un socio.

A finales de 2013, el gobierno popular de Mariano Rajoy presentó el proyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana en el que se endurecen considerablemente las sanciones a los poseedores y consumidores de cannabis en la vía pública —suprimiendo la posibilidad de sustituir las multas por un tratamiento de desintoxicación—, además de castigar con multas de entre 1.000 y 30.000 euros la plantación y cultivo de drogas «no constitutivos de delito». Araceli Manjón-Cabeza, que fue directora general del Plan Nacional sobre Drogas, ha comentado: «El gobierno va contracorriente. Volvemos a concepciones de hace 40 años que han sido superadas en todos los países civilizados. Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara con países como Rusia, donde solo se concibe el consumidor como un delincuente». Por su parte Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Usuarios de Cannabis, ha denunciado que lo que se pretende es «poner palos en las ruedas» a los clubes de cannabis, acusación que niega el Ministerio del Interior, promotor del proyecto.

En junio de 2011 la Comisión Global de Políticas contra la Droga decidió escribir un informe en el que expresaba que era un buen momento para cambiar la «estrategia prohibicionista de todas las drogas,»creyendo oportuno la legalización y la «regulación de su consumo. Todo ello «debido al nulo efecto» de la política prohibicionista hasta esa fecha, impulsada por EE. UU. y Naciones Unidas. En números, entre el 1998 y 2008, «el consumo de opiáceos subió un 34,5%, el de la cocaína un 27% y el del cannabis un 8,5%.» Uno de los argumentos que se usaron para favorecer esta legalización fue que «la represión del consumo impide la adopción de medidas de salud pública para reducir el sida o las muertes por sobredosis» (teniendo en cuenta que existen 0 casos de sobredosis o muerte por consumo de cannabis).

En agosto de 2012, el ex presidente colombiano César Gaviria reconoció que, recientemente, “se ha roto un tabú” en materia de políticas antidroga.

En México se han desarrollado intensos debates al respecto de la legalización de las drogas, pero uno de los ensayos jurídicos más amplios al respecto es el de Miguel Carbonell Sánchez, en el cual expresa que se debe dar un amplio diálogo internacional e incluyente al respecto, ya que “El Estado puede y debe desincentivar, a través de mecanismos informativos o incluso tributarios, ciertas conductas, pero no puede imponer –por vía de la coacción penal– un modelo de vida que implique conducirse conforme a ciertos estándares o evitar el consumo de ciertas sustancias.”

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